Con una llamatima secuencia, efectivos de Prefectura, Gendarmería y Armada se han sumado -en ese órden- en una protesta contra una baja en sus salarios producto de la liquidación de los haberes realizada por las mismas autoridades de las fuerzas de seguridad. En ese marco, los jefes de Gendarmería y Prefectura presentaron sus renuncias tras la intervención del Gobierno para solucionar el conflicto e investigar las anomalías.

Las autoridades que pusieron a disposición su renuncia son el comandante general Héctor Bernabé Schenone, máxima autoridad de la Gendarmería; y el Prefecto General Oscar Adolfo Arce, titular de Prefectura nacional. Horas más tarde, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, anunciaba el pase a retiro de 10 comandantes de cada fuerza.

El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, suspendió la baja salarial para destrabar el conflicto, afirmó que la aplicación del decreto 1307 que hizo la fuerza para la liquidacíon de los haberes fue "desastrosa" y anunció que de ahora en más esa tarea la hará el ministerio de Seguridad. A pesar de las medias tomadas, el conflicto se agudizó.

Ante este escenario, el arco político pidió a gendarmes y prefectos "respetar las pautas de la democracia". En una reunión de urgencia en el Congreso, Senado y Diputados instaron a los integrantes de las fuerzas de seguridad a "adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas".

"Vamos a investigar fuertemente por qué ocurrieron estas anomalías. Para eso, estamos iniciando las acciones internas y posiblemente externas para determinar quienes han sido los responsables de esto y si fue por problemas administrativos o buscando generar un caos", sostuvo el jefe de Gabinete.

En conferencia de prensa explicó esta mañana la decisión del gobierno nacional de que el personal de Gendarmería cobre "exactamente el mismo salario que el mes pasado", en una propuesta para solucionar el conflicto de raíz.

En tanto, en el caso de la Prefectura, consignó que se realizará "por única vez un pago compensatorio de los agentes que cobren 12.500 pesos o menos para que cobren exactamente lo mismo que el mes anterior".

"Existen serias sospechas de que se está usando a los (efectivos) de más abajo, como carne de una maniobra por aquellos que quieren mantener el privilegio de cobrar 70, 80, 90 ó 100 mil pesos todos los meses", subrayó desde Casa de Gobierno.

El jefe de Gabinete anunció además que se decidió que "las fuerzas no se autoliquiden sus salarios y en los próximos días, el ministerio de Seguridad -con asistencia del ministerio de Economía- liquidará los salarios de Gendarmería y Prefectura".

De acuerdo con el detalle brindado por el jefe de Gabinete al inicio de su contacto con la prensa, de los 17.600 agentes que componen la Prefectura, 9.985 deberían cobrar "lo mismo o más que lo cobraban antes", mientras que "7.661 cobran menos y específicamente, de esos, fueron detectados 561 casos que  explícitamente el decreto preveía que no podían hacerlo porque ni siquiera habían iniciado acciones judiciales".

Por otro lado, Abal Medina sostuvo que, "más allá de los justos y correctos reclamos" ayer fueron vistas "imágenes que los argentinos no queremos repetir", al referirse a que "a funcionarios del gobierno nacional se le impidió la salida de un edificio y se lo agredió".

Dirigentes sociales y políticos integrantes del espacio "Unidos y Organizados" advirtieron sobre los intentos de "utilización" del reclamo de efectivos de Prefectura y Gendarmería, por la liquidación de sus salarios y Prefectura".

El diputado nacional del Frente para la Victoria, Edgardo Depetri, repudió los "intentos de utilización política" de la protesta y sostuvo que "ni el gobierno de Néstor ni el de Cristina jamás bajaron salarios".

Depetri consideró, no obstante, que "el reclamo salarial es justo" y sostuvo que "quien implementó esta normativa que impactó en el salario de las fuerzas tiene la responsabilidad y debe hacerse cargo".

"Nos convocamos al diálogo para darle un cauce institucional y democrático al reclamo, aislando y condenando a aquellos que desde adentro y desde afuera de las fuerzas de seguridad quieren crear con este hecho un clima destituyente", enfatizó Depetri.

En tanto, el diputado bonaerense Fernando "Chino" Navarro, a través de su cuenta oficial en Twitter, consideró que "el reclamo era justo, causado por errores administrativos y mala fe de altos mandos", pero que "ya afecta la democracia".

Por su parte, el titular de la CTA, Hugo Yasky, dijo  que observa con "preocupación" el conflicto, porque "más allá de una motivación justa" en el reclamo, consideró que "hay elementos que sistemáticamente están tratando de generar focos de conflictividad, para erosionar y socavar la imagen del gobierno".

"En este caso, preocupa mucho más por tratarse de uniformados y fuerzas de seguridad que, tal como hemos visto en otras situaciones en países de la región, son rápidamente instrumentadas por los grandes grupos mediáticos y por los sectores dominantes para usarlo como ariete de los gobiernos poulares y democráticos", señaló el dirigente gremial.

Por último, el dirigente de la Corriente Nacional Martín Fierro, Jorge Aragón vinculó el conflicto con alguna mano extraña" que perjudicó a los asalariados.

El dirigente social advirtió que la historia registra episodios en los que "desde algunos sectores `se empiojan` a las estructuras de seguridad para debilitar la conducción política de un gobierno como el de Cristina Fernández de Kirchner, claramente en favor de los intereses del campo popular".