CARTA DE CRISTIANOS A LA JERARQUIA DE LA IGLESIA CATOLICA

Repudio y pedido de verdad

El documento entregado a la Conferencia Episcopal exige que repudien las declaraciones de Videla y le nieguen la comunión, asuman sus responsabilidades personales y ordenen a los capellanes militares decir la verdad.

 Por Washington Uranga

La Conferencia Episcopal Argentina recibió el jueves un pedido de condena pública de la jerarquía católica a las declaraciones del ex dictador Jorge Rafael Videla. El documento tiene el respaldo de 350 cristianos, en su gran mayoría laicos, integrantes de organismos de derechos humanos, trabajadores, intelectuales, periodistas, docentes y miembros de comunidades de base. Las declaraciones del genocida fueron realizadas a la revista española Cambio 16 y al periodista Ceferino Reato y son una admisión de responsabilidad en el terrorismo de Estado, además de un reconocimiento de la complicidad de la institución eclesiástica y de los obispos con la dictadura. Se solicita también que se lo prive de participar en la eucaristía hasta tanto exprese su arrepentimiento por los delitos cometidos y su voluntad de reparar los daños causados.

El texto está dirigido a todos los niveles de la Conferencia Episcopal en la persona de su presidente, el arzobispo de Santa Fe José María Arancedo, y fue entregado por el promotor de la iniciativa, el escribano Hernán Patiño Meyer. El documento señala que “esta inédita situación de reconocimiento criminal por un lado y de señalamiento de corresponsabilidades eclesiásticas por otro, constituye sin duda un escándalo que por su magnitud reclama de parte de quienes nos sentimos miembros de la misma comunidad de creyentes y ante el incomprensible silencio de los obispos, una reacción impostergable”. Pide que además de la “condena categórica” a las manifestaciones de Videla se actúe mediante “la negación de su acceso a la eucaristía hasta tanto no se produzcan las condiciones previstas para concederle el sacramento de la reconciliación, que no son otras que el arrepentimiento, el reconocimiento de los pecados cometidos y la voluntad de reparar sus consecuencias”.

La carta lleva la firma, entre otros, de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, de Taty Almeida, Mirta Baravalle, Aurora Bellochio, Laura Conte, Nora Cortiñas, Haydée García Buela, Beatriz Lewin, Marta Ocampo (todas integrantes de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora); de los periodistas Liliana López Foresi, Víctor Hugo Morales y Gustavo Cirelli; del músico y embajador ante Unesco Miguel Angel Estrella, de la cantante Marilina Ross y del propio patrocinante y ex embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño Meyer. Entre los religiosos se cuentan el coordinador del Grupo de Sacerdotes de la Opción por los Pobres, Eduardo de la Serna, el ex candidato a gobernador de Formosa, sacerdote Francisco Nazar, curas, monjas y pastores evangélicos.

Los firmantes sostienen que “es la historia la que nos interpela como cristianos y por ello necesitamos dirigirnos a los actuales integrantes del Episcopado exhortándolos y exigiéndoles acciones concretas que repudien las afirmaciones del dictador y demandarles también los gestos y decisiones que contribuyan a reparar y poner fin al daño causado por las inconductas de sus antecesores”. Se afirma que “resulta imposible negar que, en la mayoría de los casos por omisión, en algunos otros por complicidad activa y afinidad ideológica, la jerarquía fue incapaz de cumplir con su misión de enfrentar con decisiones claras y contundentes a una tiranía contraria a los principios y valores de nuestra fe”.

Al reconocer que de la actual composición de la jerarquía católica “no forma parte ninguno de los que como obispos convivieron con el terror estatal”, advierten que estos obispos tienen “la oportunidad de liberarnos de la pesada mochila de un pasado que cargaron los que, por decir lo menos, no supieron, no pudieron o no quisieron estar a la altura de sus responsabilidades pastorales”.

Subrayan los firmantes que “no nos mueve otro interés que el más sincero deseo de que la Iglesia, de la que somos parte, no hipoteque una vez más su autoridad moral y con ella su credibilidad y potencialidad evangelizadora”. Entre otros interrogantes que se formulan está si “¿puede seguir integrando la comunidad cristiana quien reconoce públicamente y sin arrepentimiento alguno haber encabezado como su máxima autoridad un gobierno tiránico durante el cual, y siguiendo sus órdenes, se torturó, asesinó y se hizo desaparecer a miles de seres humanos?”.

La jerarquía católica argentina nunca hizo un reconocimiento completo de las responsabilidades institucionales de sus obispos. Algunos pedidos genéricos de perdón fueron incluidos en distintos documentos, pero en ningún caso hubo asunción directa de responsabilidades y condena de los miembros de la Iglesia que estuvieron directamente comprometidos. Aun en el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad, como Christian Von Wernich, sigue gozando del amparo eclesiástico hasta el punto que se le permite celebrar misa, hecho que también se denuncia en el documento.

Existe por otra parte un reconocimiento “con admiración” a la “minoría de pastores que alzaron su voz para dar testimonio del mensaje evangélico”, recordando entre ellos a los asesinados obispos Angelelli y Ponce de León, y a De Nevares, Novak, Hesayne y Devoto.

Un párrafo especial se dedica a los capellanes militares a quienes se sindica como cómplices. “Es casi imposible que quienes estuvieron en unidades militares empeñadas activamente en la denominada ‘guerra sucia’ hayan ignorado lo que ocurría, menos aún los que ejercían su ‘ministerio’ en donde funcionaban centros clandestinos de detención.” Por eso “creemos que es una obligación ineludible de la jerarquía exigir que aquellos sacerdotes que hayan colaborado o tenido conocimiento transmitan a las autoridades de la Iglesia, bajo el apercibimiento de ser sancionados automáticamente con las penas canónicas más severas, toda información que permita identificar el destino final de los desaparecidos y de los hijos que permanecen aún secuestrados y privados de su identidad”.